extradiciones de detenidos Secrets

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Evitar la extradición es posible. El sistema instaurado en la Ley de Extradición Pasiva es el mixto, tal y como se especifica en el BOE. Es decir, la extradición se solicita al Ministerio de Justicia, que la eleva al Gobierno de la nación para que decida si prosigue o no el procedimiento por la vía judicial.

 Extradición activa: Que se refiere a la entrega de la persona que se encuentra refugiada en otro Estado a aquél que la reclama para juzgarla o hacer cumplir su condena ya impuesta por sus tribunales.

Estos principios son fundamentales para garantizar el respeto a los derechos de las personas involucradas en un proceso de extradición y asegurar un proceso justo y equitativo.

Este órgano judicial, reconocido por su imparcialidad y diligencia en la resolución de casos, desempeña un papel clave en el sistema judicial español en cuanto a la extradición. Su compromiso con la legalidad y los derechos fundamentales de los acusados garantiza un proceso justo y equitativo.

El principio de legalidad establece que la extradición solo puede llevarse a cabo si todos los requisitos legales involucrados en el proceso se cumplen.

En el caso de España se aplica un procedimiento mixto, y en materia normativa estos procedimientos se encuentran regulados por convenios de extradición entre países, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de extradición pasiva de 1985.

Si la resolución de la Audiencia Nacional es que no procede la extradición, el detenido queda en libertad y se da por finalizada la causa, comunicándolo al Ministerio de Justicia para que este lo notifique al de Exteriores y este al Estado que requería a la persona afectada por el proceso.

Así es, los procedimientos de extradición son complejos y requieren de un equipo experto en extradiciones. En Guerra Bermúdez Abogados, en nuestro departamento de extradiciones y de procesos internacionales contamos con el más completo equipo de abogados expertos en extradiciones para representar y asesorar legalmente en asuntos de extradiciones a ciudadanos nacionales y extranjeros solicitados por cualquier Corte Judicial Internacional.

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